Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución.

Cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.

Se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.

Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo.

La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.

Los hechos ocurridos en 2017 no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional.

Pactar la redacción del decreto con los delincuentes carece de homologación en Europa.

Manifiesto

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, tras haber examinado la proposición de Ley Orgánica del PSOE y Unidas Podemos y de sus enmiendas en las que se abarata la Malversación de caudales públicos, se suprime el delito de Sedición tipificado en el Código Penal de 1995, siente el deber cívico de manifestar su oposición a su orientación y queremos trasladarlo al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española.

El Presidente Sánchez no mencionó en su discurso de investidura de enero de 2019 la modificación de los delitos de sedición y rebelión. La reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos.

La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos. El Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición.

Pedro Sánchez quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que las penas en los países europeos es inferior a la existente en España. Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España. La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia.

Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas.

El orden constitucional no se protege con un nuevo delito de desórdenes contra la paz pública. Una nueva tipicidad debería referirse necesariamente a otro bien jurídico como la lealtad constitucional y en torno a ella deberían crearse tipos penales con las conductas de las imposiciones independentistas de acuerdo con su gravedad, entre las que se encuentran el intento de separar una parte del territorio nacional que sería el delito más grave seguido de otras como la negativa a reconocer al Jefe del Estado.

Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desordenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial.

De todos es sabido que Esquerra Republicana de Cataluña no se iba a contentar con la supresión de la sedición y que el Gobierno no tiene un no para el grupo independentista. Por esa causa presentan la enmienda sobre la malversación y así consiguen la exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.

No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial.

Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo. El propio Presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar.

Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa.

Por eso, esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio.

Por todo lo expuesto, las asociaciones y personas firmantes:

– Denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda.

– Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña.

– Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.

– Reclamamos de los Grupos Parlamentarios proponentes la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.

  • Requerimos a nuestros representantes en las Cortes Generales la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles.

Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición

Presidente de honor: Andrés Casinello, Teniente General y ex Director del CESED.

Presidente: Emilio Contreras, ex Gobernador Civil de Ávila y Santander.

Vicepresidente: Carlos Miranda, Embajador de España en OTAN y Reino Unido.

Vocales:

José María Mohedano, ex Diputado y Ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la Ley del Código Penal de la democracia de 1995.

Carmela Garcia Moreno, ex Diputada y ex Senadora.

Abel Cádiz, ex Presidente de UCD-Madrid.

Fernando Martin Corroto, Abogado y Secretario de la Asociación.

Adhesiones

ENTIDADES:

Fundación Cultura Libre

Asociación por la Tolerancia

Ahora Tú

Regenerar España Ahora

Citizens pro Europe

Centro Libre Arte y Cultura CLAC

Asociación ULIS

Fundación Transición Española

Impulso Ciudadano

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)

Segadors del Maresme

Regenerar España Ahora REA

dCIDE

Centro Izquierda de España

Ampas Paralelas

Aixeca’t 

Convivencia Cívica Catalana

Cataluña Suma

Sindicato AMES

PERSONAS:

Elias Díaz, Catedrático de Filosofía del Derecho.

Fernando Savater, Catedrático de Filosofía y escritor.

Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional y Vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Marcos Peña,  exPresidente del Consejo Económico y Social (2006-2017).

Eugenio Nasarre, ex Diputado.

César Antonio Molina, ex Ministro de Cultura, catedrático, escritor.

Gonzalo Quintero, Catedrático de Derecho Penal y ex Abogado General del Estado.

Manuel Aragón, ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional y Catedrático.

Manuel Conthe, ex Secretario de Estado de Economía.

Javier Saenz Cosculluela, ex Ministro de Obras Públicas y ex Portavoz del Grupo Socialista.

Javier Tajadura, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Jorge Dezcallar, Embajador de España y ex Director del CNI.

Lourdes Plana, Presidenta de la Real Academia de Gastronomía.

Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo.

Pedro Bofill, ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y ex diputado por Teruel.

Sebastián Albella, Abogado y ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Jaime Rodríguez Arana, Catedrático de Derecho Administrativo, ex Diputado.

Araceli Mangas, Académicade la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Virgilio Zapatero, ex Ministro de la Presidencia y catedrático.

Felix Ovejero, Profesor de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona.

Maria Ángeles Pérez Samper, Catedrática y Miembro de la Real Academia de la Historia.

Miguel Ángel Cortés, ex Secretario de Estado.

Beatriz Jimenez de Parga, Abogada

Salvador Fernández Moreda, ex Diputado, ex Presidente de la Diputación de La Coruña.

Yago Pico de Coaña, Embajador de España.

Julian García Vargas, ex Ministro de Defensa y de Sanidad y ex Diputado.

Miriam Tey, Presidenta del Centro Libre Arte y Cultura, y Editora.

Emilio Lamo de Espinosa, ex Presidente de la Real Fundación Elcano y Catedrático.

Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.

Lorenzo Prats Abentosa, Catedrático de Derecho Civil.

José Luís Leal, ex Ministro de Economía.

Pedro Barceló, Magistrado.

Daniel Berzosa López, Profesor de Derecho Constitucional  CUNEF y Miembro del Comité de la Global Academy de Citizens pro Europe.

Francisco Tomas y Valiente, Periodista.

Cándido Paz Ares, Catedrático de Derecho Mercantil.

Eduardo Blanco Pereira, Director General Consejo Superior de Deportes, Concejal Ayuntamiento La Coruña.

Carlos Pérez Castro, Presidente Instituto Europeo Posgrado.

José Luís Adam Muñoz, Profesor de la Universidad Internacional de Catalunya.

Eligio Hernandez, Abogado, Magistrado jubilado, ex Fiscal General del Estado, Ex Vocal    del CGPJ.

Ángel Rivero Rodríguez, Profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UAM.

Gonzalo Pino Bustos, ex secretario Política Sindical UGT Confederal y ex Secretario general de UGT en el País Valencià.

José Andrés Rozas, Catedrático de la Universitat de Barcelona, Vicerrector.

Soledad Becerril, ex Defensora del Pueblo y ex Ministra de Cultura.

José Luís Linares Pineda, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Girona.

Vera Pawlowsky Glahn, Profesora emérita de la Universidad de Gerona en Ciencias de la Computación, Matemáticas Aplicadas y Estadística.

Jaime Carvajal y Urquijo, Empresario.

Paulino Plata Cánovas, ex Consejero de Agricultura, Turismo y Cultura de la Junta de             Andalucía y ex Alcalde de Antequera.

José Luis Corcuera, ex Ministro de Interior, ex Diputado y dirigente de la UGT.

Francisco Vázquez, Embajador, ex Alcalde de La Coruña y ex Diputado.

Nuria Amat Noguera, Escritora.

Francisco López Rupérez, ex Presidente del Consejo Escolar del Estado.

José Acosta Cúbero, ex Diputado.

Mercedes Galiana, Profesora de la UCAM.

Sergio Llebaría Samper, Catedrático de Derecho Civil en ESADE

Ramón Aguiló, ex Alcalde de Palma e Ingeniero Industrial.

Fabio Pascua Mateo, Catedrático Derecho Administrativo UCM.

Jesús Quijano, ex Diputado, Catedrático de Derecho Mercantil.

Elena Flores, ex Senadora y ex Secretaria de Internacional de la CEF del PSOE.

José María Múgica, Abogado.

Antonio del Real, Director, Productor y Guionista de Cine.

Miquel Viñas Ciordia, Catedrático de Microbiología de la Universitat de Barcelona

Alfonso Garrido Ávila. ex Gobernador Civil y Delegado del Gobierno en                        Andalucía, ex Senador.

Fernando Múgica, Abogado.

Antonio Miguel Carmona Sancipriano, Profesor de Economia.

Salvador Fernández Moreda, ex Diputado y exPresidente de la Diputación La Coruña.

Ramón Alvarez de Miranda, ex Diputado.

Oscar Uceda Márquez, President de la asociación ‘Historiadors de Catalunya’.

Montserrat Baras, Profesora en Universitat Autònoma de Barcelona, departamento de Ciencias Políticas.

Manuel Jiménez Barrios, ex Diputado andaluz. Ex Vicepresidente de la Junta de         Andalucía.

Ruben Múgica, Abogado.

Salvador Clotas Cierco, ex Diputado y ex Secretario de Cultura de la CEF-PSOE.

Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, Catedrático de Economía.

Nicolas Redondo Terreros, ex Diputado y ex Secretario General del PSE.

Miguel Ángel Ibáñez Giner, ex Diputado y  ex Presidente del Grupo Parlamentario de C’s en la Diputación de Barcelona.

José Nogueira Fernández, Vicesecretario de la Mesa Parlamento Gallego, diputado provincial y concejal Ayuntamiento La Coruña.

Miguel Cid Cebrián. Ex Senador y ex Alcalde de Ciudad Rodrigo.

Antonio Ojeda Escobar, Notario. Ex Presidente del Parlamento de Andalucía.

Juan Salcedo Martinez, Catedrático.

Alejandro Cercas, ex Diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Eduardo Martín Rubio, ex Asesor Área Internacional UGT Confederal y Profesor.

Nona Inés Vilariño, Diputada constituyente, concejala Ayuntamiento de Ferrol.

Javier Marín Vázquez, ex miembro delConsejo Nacional y Director de Formación PSC y Secretario General de la Alianza de la Izquierda Republicana de España.

Carmen Hernando Martín, Profesora Titular en Universitat Politècnica de Catalunya.

José Antonio Díaz Martínez, Catedrático Sociología UNED ex vicesecretario general PSM.

Rafael Delgado Rojas, ex Secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno.

Juan José López Garzón, Catedrático.

Enrique León Calviño, ex Alcalde de Villagarcía.

Joaquín Bellón Martínez, ex Senador.

Paloma Abarca, catedrática de Derecho Internacional Universidad de Madrid.

José Luis Méndez Romeu, ex Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Conselleiro de Presidencia en la Xunta de Galicia  y Concejal Ayuntamiento La Coruña.

José Luis Martínez López Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo

Tomás Gómez Franco, ex secretario general PSM-PSOE.

Fernando Sanz, ex Diputado.

Ignacio Magado Bernal, Catedrático Universidad Autónoma de Barcelona.

Daniel Rubio Ruiz, Concejal del Ayuntamiento de Lérida. Profesor de Historia UNED.

Luisa Costa Ortega, Delegada UGT Servicios Públicos Sector Postal  Menorca

José Carlos de los Riscos Hidalgo,  ex Secretario general PSOE  de Boadilla del Monte

Ana Remesal Ortiz, Profesora colaboradora de la Universidad de Barcelona.

José María Córdoba Alós, Concejal del Ayuntamiento de Lérida.

Albert Reig Tapia, Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rovira i Virgili.

Beatriz Rodriguez Salmones, ex Diputada.

Maria Rosa Vindel López, abogada y ex Senadora.

Alfonso Ruíz de Asín, Fundador de la Asociación Europea de Radio.

David Carpio Briz, Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

Teresa Nevado Bueno, Secretaria General del Lobby europeo de Mujeres en España.

Bernardo Bueno Beltrán, ex Diputado andaluz.

Vicente de la Quintana Díaz, Asesor del Parlamento Europeo.

Angels Ribes Duarte, concejala de Valents en el Ayuntamiento de Lérida.

Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde de Ares y Profesor de Derecho Civil en la USC.

Manuel Castillo Zambudio, Profesor asociado, Universitat Autonòma de Barcelona.

Antonio Espinosa Cerrato, ex Diputado del Parlament de Catalunya (2015-2021)

Susana Beltrán, Profesora agregada de Derecho Internacional en la UAB

Ricardo Pérez Tomás, Profesor en Universidad de Barcelona.

… 255 más.