Por José Soldado, Abogado y Presidente de DEMOS78

El TC decidirá hoy si adopta la medida cautelar de suspensión que le pide el PP en su recurso. Su regulación* es básicamente la misma que en la LEC. Lo más frecuente es que se adopten oyendo a la otra parte pero en casos de urgencia y acreditando ésta (eso es lo que dice la LEC) puede otorgarse sin oír a la parte afectada por por la medida.  En tal caso la LEC permite la oposición posterior a la medida (con citación a una vista a las partes para sustanciar la oposición) y en el caso del TC permite la impugnación en plazo más breve de 5 días (en la LEC son 20) para oír al MF y demás partes personadas. En el caso del TC el auto que se dicte tras la impugnación es definitivo y firme (no cabe recurso contra él).

Personalmente creo que en este caso aunque la votación de hoy no determina la aprobación (tiene que pasar luego por el Senado) sí debería adoptarse la medida inaudita parte pues hay fumus boni iuris ya que está claro que la reforma por su forma y por su contenido es muy cuestionable  y periculum in mora pues si se aprueba la ley la medida llegaría tarde lo que es contrario a su naturaleza. Además si se autoriza una primera votación tal suceso tendrá consecuencias en la credibilidad de las instituciones como ocurrió con el estatuo refrendado y luego declarado inconstitucional en parte. 
Se ha dicho en algún medio (veo, por ejemplo Diario 16) que eso crearía un conflicto constitucional sin precedentes. Cierto que no hay precedentes (salvo uno en Cataluña) pero la democracia liberal no sobrevive sin el Estado de Derecho. Las cortes tienen unas limitaciones que están marcadas en la Constitución y los procedimientos legislativos. Los procedimientos son esenciales (por ejemplo en el normal o ajustado a la norma son precisos informes previos que ahora se eluden, no puede modificarse la LOTC mediante una enmienda introducida en otra ley que no tiene nada que ver, etc.). 
La cuestión es ¿puede el legislador incurrir en arbitrariedad (proscrita en el 9.3 CE)? 
No por muy legislador que sea. Al igual que los demás poderes está sometido al imperio de la ley y existe una jerarquía normativa y unos procedimientos, siendo la norma suprema (Kelsen) la Constitución. A partir de ese vértice se dibuja hacia abajo la famosa pirámide de Kelsen. 

Pirámide de Kelsen.png

Por decirlo así las Cortes han de aprobar leyes que estén dentro de esa pirámide y por los procedimientos fijados en las que se encuentran dentro de esa pirámide. 
Ahora bien, en materia de Estado y sus poderes la legalidad presume que lo que hace es legal y, además, todo lo que hace es directamente ejecutivo.  Entonces el Estado de Derecho (que puede ser perfectamente vulnerado por cualquier poder del Estado o cualquier organismo o cualquier órgano) sólo encuentra protección en la jurisdicción (según lo que se vulnere habiendo una complejidad de procedimientos y habiendo limitaciones: un particular puede atacar directamente un decreto, pero no una ley, por ejemplo) o en el Tribunal Constitucional. 
En definitiva, si es abiertamente arbitraria la conducta del legislador (por muy legislador que sea, dada la ley electoral el legislador son 6 o 7 que son los que mandan con lo que la probabilidad de autocracia es mucho mayor) y cualquier actuación de los mecanismos protectores del Estado de Derecho (que no es sólo el legislador como parecen creer algunos políticos) al modo aburridamente habitual llegará tarde, muy tarde, es evidente que sólo cabe actuar de forma inmediata porque es patente que las reformas que se proponen exigen otros procedimientos legislativos y que  se van a producir alteraciones de las mayorías exigibles para configurar ciertos organismos lo que tendrá una incidencia en los contrapesos. 
Por tanto, yo estoy con la suspensión inaudita parte y eso no supone ningún  conflicto del T.C. con las Cortes. El TC no tiene conflictos, los resuelve (los previstos en la LOTC). En general los tribunales no confrontan, los tribunales dicen el Derecho en el caso concreto (ius dícere), ese es su papel, no están (por definición) en la refriega política, ni en el litigio, sino que lo componen (dan una solución), cosa que los parlamentos sí  están como, de otro lado,  debe ser, porque ese es su papel, es la casa de la política, pero esa refriega no puede socavar el Estado de Derecho, porque para eso no se les ha dado la potestad legislativa. Tienen que legislar, dicho de otro modo, dentro del orden establecido por la Constitución. Como esa cuestión es importantísima (decidir si tales cambios sustanciales están dentro de su potestad o no lo están) es urgente la medida y si no le gusta al afectado que la impugne.