DIDIER REYNDERS COMISARIO EUROPEO DE JUSTICIA

EL VERDADERO estado de nuestra nación, por más que lo haya tratado de escamotear el presidente del Gobierno en el Congreso, dibuja una grave crisis institucional que afecta de modo preocupante a un pilar básico de la democracia como es la Justicia. En este sentido, causa rubor que la Comisión Europea haya vuelto a señalar a nuestro país para exigir la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial –pendiente desde diciembre de 2018–, reclamando que a continuación se proceda a la re-forma del sistema de elección de sus miembros. Una vez más, exige que al menos la mitad sean elegidos por los propios jueces, con el fin de avanzar en su necesaria despolitización. La advertencia es tan seria y tan dura que el comisario de Justicia, Didier Reynders, alerta hoy en EL MUNDO de que está dispuesto a abrir un procedimiento sancionador a España por vulnerar las normas del Estado de Derecho, lo que podría afectar a la recepción de fondos de recuperación. Por desgracia, de las intenciones de Moncloa lo dice todo que siga adelante con su contrarreforma pactada con ERC para que el CGPJ pueda nombrar a dos nuevos magistrados del Constitucional y provocar así el vuelco ideológico en el tribunal de garantías. El Gobierno, en una irresponsable huida hacia adelante, decidió anoche desafiar a la UE al imponer un plazo de dos meses al CGPJ para designar sus dos magistrados del TC, lo que, a su vez, permitiría al Ejecutivo imponer inmediatamente los suyos y consumar el asalto. Habida cuenta de los asuntos que necesitará negociar con sus socios independentistas para mantenerse en el poder cabe temerse un pacto con ellos para incluir personalidades afines al separatismo.
Bruselas había marcado en su informe conocido ayer sobre el Estado de Derecho en la UE el punto de partida para llegar por fin a un acuerdo: renovación conforme a la ley actual pero con el compromiso firme e irrevocable de reformar al mismo tiempo el sistema de elección. No parecía una exigencia irrazonable, descabellada ni inalcanzable. Pero, con esta maniobra, el Gobierno rompe cualquier posibilidad de confianza y quiebra definitivamente el horizonte de renovar el órgano de gobierno de los jue-ces con el PP.
El serio tirón de orejas interpelaba sobre todo al Gobierno, empecinado en negarse a cambiar el sistema de elección de vocales. Pero ahora queda claro que el único objeto de deseo para Pedro Sánchez es controlar el Tribunal Constitucional, en el que obtendrá una mayoría progresista para los próximos nueve años. De esta forma, se erigirá en un auténtico contrapoder que fiscalizará todas las decisiones de las próximas mayorías políticas, sea cual sea su color. El camino elegido representa una grave anomalía que deteriorará de forma irreversible nuestro sistema institucional.

Mano dura de Bruselas con España: La UE aumenta la exigencia para renovar el CGPJ y llama a cambiar lo antes posible el sistema de elección: «Que los jueces elijan a sus pares» . Insta en su nuevo informe a cortar los lazos del Ejecutivo con la Fiscalía General.

Edición de El Mundo de 14.07.2022